Politica de Desarrollo Social para el Pueblo de Guatemala

La Política de Desarrollo Social y Población tiene objetivos e instrumentos, con base en los cuales se espera alcanzar la cooperación y la acción concertada de todos los sectores de la sociedad y del gobierno, en consonancia con el artículo 19, incisos 1, 2 y 3 de la Ley de Desarrollo Social (decreto 42-2001), con el fin último de alcanzar el bienestar y el desarrollo humano de la población guatemalteca, presente y futura. Esta política es el resultado de consenso surgido de la convocatoria que la Secretaría Presidencial de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN) hicieron a diferentes sectores de la sociedad civil, quienes participaron en diversos talleres de consulta y discusión; en el anexo se listan las instituciones que participaron de manera directa. En razón de lo anterior, SEGEPLAN, acorde con el artículo 14 de la Ley del Organismo Ejecutivo (decreto 114-97) y el artículo 50 de la Ley de Desarrollo Social, elaboró la presente Política de Desarrollo Social y Población, con una visión de corto, mediano y largo plazo que integra las consideraciones demográficas en las estrategias de desarrollo social y las líneas de acción básicas para la formulación de planes, programas y proyectos sectoriales en forma congruente con los planes socioeconómicos del país, involucrando a las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales para que cada cual, desde su propio ámbito, contribuya a mejorar y estimular el bienestar de toda la población.

A pesar que el patrón de desarrollo del país se ha caracterizado por un alto grado de concentración del ingreso y la existencia de grandes brechas de bienestar entre grupos sociales y áreas urbanas-rurales, históricamente el tema de población no ha formado parte explícita en los planes nacionales de desarrollo, menos aún ha existido una Política de Desarrollo Social y Población. Sin embargo, el tema se ha abordado, aunque sea tangencialmente, en diferentes planes de desarrollo que algunos gobiernos han desarrollado, como se cita a continuación. Por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975 incluyó consideraciones demográficas en la planificación del desarrollo, entre éstas se tiene: 

a) esfuerzo continuado para mejorar la salud y la vitalidad de la población, extendiendo su esperanza de vida; 

b) ampliación y mejoramiento de la educación; 

c) desarrollo de una política apropiada de empleo, disminución del desempleo y aumento de oportunidades para la mujer; 

d) políticas de desarrollo regional, evitando su concentración en unos pocos y tradicionales lugares de inmigración; y, 

e) mejoramiento de los recursos humanos y su uso eficiente. 

El Plan de Desarrollo 1975-1979 hizo énfasis en el desarrollo y perfeccionamiento de los recursos humanos del país por medio de: a) incrementar el nivel cultural de la población a fin de enriquecer la calidad de vida; b) perfeccionar a la población en su dimensión de factor de desarrollo, lo que es condición para la elevación de la productividad y el crecimiento económico; y c) reducir el desempleo abierto y el subempleo.

El Plan de Desarrollo 1984-1985, en lo referente a la población, estaba orientado a influir en los determinantes socioeconómicos que afectan la mortalidad y la fecundidad y, a nivel regional, en la migración interna, como elementos de la dinámica de población. Ello con el fin de lograr una composición y una tasa de crecimiento de la población acorde con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1987-1991 se propuso la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Los componentes son: a) el conjunto de políticas sectoriales y regionales que mejoren el nivel de vida; b) el conjunto de políticas encaminadas al logro de la descentralización administrativa y a la desconcentración económica, en cuya base podría modificarse la dirección de las corrientes migratorias para alcanzar una mejor ocupación territorial; y c) políticas de salud que incidirán en los niveles de mortalidad, especialmente la infantil, y por aquellas que conducen a cambiar los niveles de fecundidad de los grupos socioeconómicos específicos que desearán hacerlo, respetando tanto la libre decisión de las familias, así como sus valores culturales y religiosos. 

La Política Económica y Social 1991-1996 incluía aspectos sobre políticas de población ya que contiene acciones y metas prioritarias para los componentes salud, alimentación y nutrición, educación básica y alfabetización, fortalecimiento de la familia, promoción de la mujer y medio ambiente. 

El Plan de Acción de Desarrollo Social (PLADES) 1996-2000 contaba con una serie de principios que orientaron con sustento institucional la política social, entre ellos se tiene: a) el respeto a la vida en todas sus manifestaciones; b) el concepto de la persona humana como centro y sujeto del desarrollo, potenciando el desarrollo social sostenible; c) la consideración de la familia como núcleo esencial de la sociedad y eje de la política social; d) el estímulo a la paz y la democracia como formas básicas de la convivencia humana; y e) la convivencia armónica con el ambiente y el respeto a los recursos naturales.

 

 

POLITICAS DEMOGRÁFICAS

 EN GUATEMALA

La política demográfica, o política de población, es el conjunto de medidas que, desde el poder político, se llevan a cabo para modificar o reconfigurar la estructura demográfica de un territorio determinado. Todo ello, con el fin de mejorar su situación económica y social. 

Entre 1950 y 2000 la población guatemalteca aumentó de casi tres millones a poco más de once millones. Pese a su reciente atenuación, el ritmo de crecimiento demográfico actual excede en 1.6 veces al promedio de la región latinoamericana (26.4 por mil contra 16 por mil). Si se cumplen los supuestos bases de las proyecciones demográficas, la población guatemalteca alcanzará una magnitud cercana a los 18 millones hacia el 2020, lo que conllevará desafíos importantes en diversos ámbitos sociales y económicos. Si bien la fecundidad y la mortalidad exhibieron una tendencia descendente en los últimos decenios, la esperanza de vida al nacer (EVN) de

Guatemala es una de las más bajas de América Latina y su tasa global de fecundidad (TGF) es la más elevada en la región. Ello pareciera responder a la coexistencia de distintas pautas de comportamiento demográfico entre diferentes grupos sociales y contextos geográficos, que resultan de sus desiguales oportunidades de acceso a los frutos del progreso. Las evidencias empíricas así lo muestran: la elevada mortalidad –general, infantil y materna– y la alta fecundidad son rasgos marcados de los grupos indígenas y rurales, que históricamente han sido relegados de los avances socioeconómicos, no obstante su peso numérico tradicionalmente significativo. En el censo de 1994, cuatro de cada diez guatemaltecos son indígenas (43%) y siete de cada diez (65%) viven en pequeñas comunidades de todo el territorio.

Estos subconjuntos demandan un trato preferente de la política pública si se desea enfrentar con éxito los desafíos que conlleva el desarrollo. Los datos evidencian que hay un campo relativamente vasto para aplicar medidas tendientes a reducir los riesgos de enfermedad y muerte. Una proporción importante de las defunciones se origina en trastornos de salud evitables que devienen de problemas vinculados con la pobreza (como las deficiencias alimentarias y las inadecuadas condiciones sanitarias). Actuar sobre las desventajas sociales que experimentan algunos grupos de la población en materia de educación, salud, alimentación y empleo productivo, redundará en la disminución de los riesgos de morbimortalidad evitables.

Cuatro regiones del país exhiben los mayores riesgos de morbimortalidad (Central, Suroccidente, Nororiente y Suroriente) y albergan a algo más de la mitad (54%) de la población guatemalteca. Tres de esas unidades (Suroriente, Central y Suroccidente) registran también tasas de fecundidad elevadas. En la medida en que se atiendan las necesidades de sus habitantes –muy particularmente en aquellos ámbitos que permiten ampliar las oportunidades de bienestar de la población– se conseguirán cambios favorables en las pautas que subyacen y mantienen su elevado rezago transicional en materia de mortalidad y fecundidad.

No obstante el descenso de la fecundidad en las edades de alto riesgo (entre 15 y 19 años y de 35 y más años), la fecundidad adolescente continúa siendo alta y registra su mayor incidencia entre la población indígena y rural. Si bien ello parece responder a la persistencia de patrones culturales tradicionales, refleja también las dificultades que tienen los jóvenes guatemaltecos –en especial indígenas y rurales– para acceder a un adecuado ejercicio de sus derechos reproductivos.

El fomento de pautas de comportamiento sexual y reproductivo que efectivamente respondan a las aspiraciones de las personas, junto con la provisión de los servicios pertinentes, podría contribuir a la prevención del embarazo temprano que, en determinadas circunstancias, puede convertirse en un mecanismo de transferencia intergeneracional de la pobreza.