POLITICAS DEMOGRÁFICAS

 EN GUATEMALA

La política demográfica, o política de población, es el conjunto de medidas que, desde el poder político, se llevan a cabo para modificar o reconfigurar la estructura demográfica de un territorio determinado. Todo ello, con el fin de mejorar su situación económica y social. 

Entre 1950 y 2000 la población guatemalteca aumentó de casi tres millones a poco más de once millones. Pese a su reciente atenuación, el ritmo de crecimiento demográfico actual excede en 1.6 veces al promedio de la región latinoamericana (26.4 por mil contra 16 por mil). Si se cumplen los supuestos bases de las proyecciones demográficas, la población guatemalteca alcanzará una magnitud cercana a los 18 millones hacia el 2020, lo que conllevará desafíos importantes en diversos ámbitos sociales y económicos. Si bien la fecundidad y la mortalidad exhibieron una tendencia descendente en los últimos decenios, la esperanza de vida al nacer (EVN) de

Guatemala es una de las más bajas de América Latina y su tasa global de fecundidad (TGF) es la más elevada en la región. Ello pareciera responder a la coexistencia de distintas pautas de comportamiento demográfico entre diferentes grupos sociales y contextos geográficos, que resultan de sus desiguales oportunidades de acceso a los frutos del progreso. Las evidencias empíricas así lo muestran: la elevada mortalidad –general, infantil y materna– y la alta fecundidad son rasgos marcados de los grupos indígenas y rurales, que históricamente han sido relegados de los avances socioeconómicos, no obstante su peso numérico tradicionalmente significativo. En el censo de 1994, cuatro de cada diez guatemaltecos son indígenas (43%) y siete de cada diez (65%) viven en pequeñas comunidades de todo el territorio.

Estos subconjuntos demandan un trato preferente de la política pública si se desea enfrentar con éxito los desafíos que conlleva el desarrollo. Los datos evidencian que hay un campo relativamente vasto para aplicar medidas tendientes a reducir los riesgos de enfermedad y muerte. Una proporción importante de las defunciones se origina en trastornos de salud evitables que devienen de problemas vinculados con la pobreza (como las deficiencias alimentarias y las inadecuadas condiciones sanitarias). Actuar sobre las desventajas sociales que experimentan algunos grupos de la población en materia de educación, salud, alimentación y empleo productivo, redundará en la disminución de los riesgos de morbimortalidad evitables.

Cuatro regiones del país exhiben los mayores riesgos de morbimortalidad (Central, Suroccidente, Nororiente y Suroriente) y albergan a algo más de la mitad (54%) de la población guatemalteca. Tres de esas unidades (Suroriente, Central y Suroccidente) registran también tasas de fecundidad elevadas. En la medida en que se atiendan las necesidades de sus habitantes –muy particularmente en aquellos ámbitos que permiten ampliar las oportunidades de bienestar de la población– se conseguirán cambios favorables en las pautas que subyacen y mantienen su elevado rezago transicional en materia de mortalidad y fecundidad.

No obstante el descenso de la fecundidad en las edades de alto riesgo (entre 15 y 19 años y de 35 y más años), la fecundidad adolescente continúa siendo alta y registra su mayor incidencia entre la población indígena y rural. Si bien ello parece responder a la persistencia de patrones culturales tradicionales, refleja también las dificultades que tienen los jóvenes guatemaltecos –en especial indígenas y rurales– para acceder a un adecuado ejercicio de sus derechos reproductivos.

El fomento de pautas de comportamiento sexual y reproductivo que efectivamente respondan a las aspiraciones de las personas, junto con la provisión de los servicios pertinentes, podría contribuir a la prevención del embarazo temprano que, en determinadas circunstancias, puede convertirse en un mecanismo de transferencia intergeneracional de la pobreza.